El Gobierno de Sudán del Sur encarceló al vicepresidente del país bajo presuntas acusaciones de rebelión, mientras militariza el estado de Alto Nilo tras los ataques atribuidos a las milicias Nuer.

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Con la acusación, el Gobierno sursudanés busca silenciar a la oposición ante el fracaso del proceso de paz y la postergación de las elecciones presidenciales para 2026, que previamente fueron postergadas en 2021.

En Sudán del Sur, funcionarios de la oposición afirman que el arresto del vicepresidente primero, Riek Machar, marca el fin de un frágil acuerdo de paz que este había alcanzado en 2018 con el presidente Salva Kiir, lo que acerca aún más al país hacia una nueva guerra civil. Según… pic.twitter.com/hGOlsBEvHt

— Democracy Now! en español (@DemocracyNowEs) March 27, 2025

Las presuntas pruebas contra el vicepresidente, presentadas por el ministro Makuei, revelan una estrategia del Gobierno para intentar criminalizar a la oposición.

Mientras el presidente Salva Kiir y Machar -ambos responsables de décadas de conflicto interno- se disputan el poder, las milicias Nuer y Dinka son instrumentalizadas como fuerzas de choque. La paz firmada en 2018 constituyó un reparto de cargos entre élites que hoy se traicionan mutuamente.

Tras el discurso oficial sobre «proteger la paz», se esconden cientos de familias desplazadas por los combates en Nasir y Yuba, donde el ejército y las milicias cometen crímenes con total impunidad.

La comunidad internacional, cómplice por su silencio, permite que Sudán del Sur se desangre en un conflicto orquestado por los mismos que fingieron gobernar. Mientras, el pueblo sursudanés sobrevive entre escombros, abandonado por quienes prometieron democracia.

En este contexto, la comunidad internacional, tras años de inversiones en mediación, calla ante lo que parece el preludio de una nueva guerra patrocinada por las mismas élites, que prometieron reconciliación.

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